Poncitlán, Jalisco.– El gobierno municipal de Poncitlán informó que, hasta el momento, no se han aplicado sanciones económicas a empresas detectadas con descargas irregulares de aguas residuales, ya que se optó por un esquema de coordinación para corregir las anomalías antes de recurrir a medidas legales.
El alcalde Arturo Israel Asencio Gómez explicó que actualmente se han identificado al menos tres industrias con irregularidades, entre ellas un rastro y dos empresas del sector mueblero y de servicios, las cuales ya se encuentran en proceso de revisión en conjunto con autoridades estatales y federales.
El edil señaló que la prioridad es que las empresas regularicen sus procesos para evitar afectaciones ambientales, por lo que se busca primero la corrección voluntaria antes de aplicar sanciones.
“Más que una sanción, lo que queremos es que se corrijan estas situaciones, estamos trabajando en coordinación para que todo se realice conforme a la ley”, declaró.
El presidente municipal detalló que el municipio cuenta actualmente con seis plantas de tratamiento en operación y dos más en construcción en las comunidades de San Miguel Zapotitlán y Santa Cruz El Grande, las cuales presentan un avance aproximado del 40 por ciento y podrían entrar en funcionamiento entre junio y julio.
Reconoció que algunas plantas no operan al cien por ciento de su capacidad, por lo que se trabaja en su rehabilitación con apoyo del Gobierno del Estado a través de la Comisión Estatal del Agua, con el objetivo de mejorar el saneamiento en un plazo menor a dos meses.
Respecto a las descargas industriales, el alcalde indicó que se han detectado residuos orgánicos, olores y solventes, principalmente en el caso de un rastro, donde el agua residual contiene desechos de origen animal.
Las autoridades municipales también atienden descargas irregulares en comunidades, donde se espera resolver el problema en un periodo de tres a cuatro meses, una vez que entren en operación las nuevas plantas de tratamiento.
El gobierno local aseguró que la prioridad es prevenir daños ambientales, especialmente en cuerpos de agua cercanos, mediante el fortalecimiento de la infraestructura y la coordinación institucional, antes de proceder con sanciones administrativas o legales.
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