Sefiplan evitó responder cuestionamientos sobre las remuneraciones; horas después, Rocío Nahle reconoció que un salario llamó su atención y ordenó revisar el tabulador
Por Intercity Noticias | Xalapa, Veracruz | 2 de septiembre de 2026
XALAPA, VER.— La discusión sobre los salarios de altos funcionarios volvió al centro de la agenda política de Veracruz después de que información atribuida a la Plataforma Nacional de Transparencia revelara que Erandi Isabel López Herrería, rectora de El Colegio de Veracruz (Colver), registra una remuneración mensual superior a la asignada a la gobernadora Rocío Nahle García.
El caso escaló este miércoles cuando el secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, fue abordado por periodistas durante un acto en el parque Los Berros, en Xalapa. Los reporteros intentaron cuestionarlo sobre las remuneraciones y los criterios utilizados para establecerlas; el funcionario argumentó que tenía una reunión y se retiró sin responder las preguntas de fondo.
Horas después, la propia gobernadora Rocío Nahle confirmó que ordenó revisar uno de los salarios, al considerar que la percepción reportada requería una corrección conforme al tabulador correspondiente.
La cifra que detonó la polémica
De acuerdo con registros del segundo trimestre de 2026 difundidos por distintos medios a partir de información de la Plataforma Nacional de Transparencia, Erandi Isabel López Herrería registra una remuneración mensual bruta de 145 mil 322.51 pesos y una percepción neta de 106 mil 433.37 pesos.
Durante el primer trimestre del año, la remuneración reportada para la rectora había sido de aproximadamente 65 mil 511 pesos brutos y 51 mil 353 pesos netos mensuales. Esto implicaría que su percepción neta aumentó alrededor de 107% entre el primer y el segundo trimestre de 2026.
El monto neto reportado para la rectora supera en alrededor de 21 mil 683 pesos los 84 mil 750 pesos mensuales establecidos para la gobernadora en el Presupuesto de Egresos 2026, según los documentos y reportes consultados.
La diferencia salarial abrió inmediatamente un debate sobre austeridad, transparencia y límites constitucionales a las remuneraciones públicas.
Nahle: “Ni ella ni nadie puede tener ese salario”
La gobernadora reaccionó este miércoles durante una entrevista con XEU.
Nahle defendió que los familiares del expresidente Andrés Manuel López Obrador que trabajan en su administración tienen derecho a desempeñarse en el servicio público y rechazó que su contratación constituya nepotismo de su parte, pues no mantienen parentesco con ella.
Sin embargo, sobre la remuneración que generó la controversia, reconoció que el monto llamó su atención.
La mandataria explicó que solicitó una revisión inmediata porque, según afirmó, “ni ella ni nadie puede tener ese salario”, y pidió que la percepción sea ajustada al tabulador correspondiente.
La declaración cambia parcialmente el escenario: el Gobierno estatal no está negando ya la necesidad de revisar la remuneración, sino que públicamente reconoce que existe un monto que debe ser analizado.
¿Qué dice la Constitución de Veracruz?
El debate no es únicamente político.
El Artículo 82 de la Constitución Política del Estado de Veracruz establece que las remuneraciones de los servidores públicos deben ser proporcionales a sus responsabilidades y señala que ningún servidor público de la administración pública estatal podrá recibir una remuneración mayor a la del gobernador del Estado. También obliga a que los tabuladores y sus diferentes componentes sean públicos.
Esto hace necesario determinar exactamente qué conceptos integran los 145 mil 322 pesos brutos registrados para la Rectoría del Colver, quién autorizó el tabulador, cuándo se modificó y bajo qué fundamento presupuestal.
No basta, por tanto, con comparar dos cifras: deberá establecerse jurídicamente si corresponden al mismo concepto de remuneración y cuál es el régimen administrativo aplicable a El Colegio de Veracruz.
Sefiplan, en el centro de las preguntas
La Secretaría de Finanzas y Planeación tiene un papel relevante porque participa en la administración financiera del Poder Ejecutivo y porque la normatividad estatal obliga a transparentar salarios, prestaciones, gratificaciones, compensaciones y demás ingresos de los servidores públicos.
El propio portal de Sefiplan mantiene entre sus obligaciones de transparencia la publicación de las remuneraciones brutas y netas de sus servidores públicos, incluyendo prestaciones, bonos, estímulos y otros sistemas de compensación.
Por ello, las preguntas que Miguel Santiago Reyes Hernández dejó sin responder adquieren mayor relevancia:
- ¿Quién autorizó el incremento del tabulador del Colver?
- ¿Cuál es el fundamento administrativo y presupuestal del aumento?
- ¿Conocía Sefiplan las modificaciones?
- ¿Existen otros funcionarios que perciban cantidades superiores al salario asignado a la gobernadora?
- ¿Se realizará una revisión general de las remuneraciones del Gobierno estatal?
Hasta el momento del episodio registrado en Los Berros, el titular de Sefiplan no había ofrecido una explicación pública sobre esos puntos.
Familiares de López Obrador en la administración estatal
La controversia también adquirió una dimensión política debido al parentesco de la rectora.
Erandi Isabel López Herrería es hija de Arturo López Obrador y sobrina del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Otros integrantes de la familia desempeñan funciones dentro de la administración veracruzana. Tarheni Andrea López Herrería trabaja en el sector Salud y Pedro Arturo López Herrería se encuentra adscrito como asesor en la Secretaría de Gobierno.
El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, confirmó la incorporación de Pedro Arturo y defendió su desempeño, señalando que su contratación no obedeció exclusivamente a su parentesco y que debe evaluársele por el trabajo que realiza.
Nahle respaldó este miércoles una postura similar y sostuvo que no existe nepotismo de su parte porque los funcionarios señalados no son sus familiares.
Intercity Análisis | El problema va más allá de un apellido
El punto de mayor relevancia pública no debería reducirse exclusivamente al parentesco de los funcionarios.
El asunto central es cómo se determinan, autorizan y modifican las remuneraciones pagadas con recursos públicos.
Si un tabulador pasó en pocos meses de aproximadamente 65 mil a 145 mil pesos brutos para un mismo cargo, el Gobierno y el organismo involucrado deberían explicar con precisión qué cambió: responsabilidades, prestaciones, compensaciones, estructura administrativa o criterios presupuestales.
La transparencia resulta particularmente importante porque la administración de Rocío Nahle ha construido parte de su discurso alrededor de la austeridad, disciplina financiera y ordenamiento del gasto público.
La decisión de la gobernadora de ordenar una revisión representa un primer reconocimiento institucional del problema. Ahora la prueba estará en los documentos: qué sueldo corresponde legalmente, quién autorizó el incremento y si existen más casos similares dentro de la estructura gubernamental.
Para un gobierno que ha colocado el orden financiero como una de sus banderas, el caso se convierte en una oportunidad para demostrar que la austeridad no es solamente un discurso, sino una regla verificable para todos los funcionarios.
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